¿Y SI TODOS LOS TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD PRIVADA SE UNIERAN PARA DECIR BASTA?

La elaboración de presupuestos a la baja por la crisis y el éxito de las ‘empresas piratas’ repercuten negativamente en salarios y jornadas laborales

La huelga del personal de seguridad en el aeropuerto de Barcelona ha puesto el foco mediático en un sector preocupado por el paulatino deterioro de sus condiciones de trabajo.

Como sucede en estos casos, donde las reivindicaciones de los derechos laborales entran en conflicto con el interés general, la disputa vivida en El Prat divide a los afectados por ambas partes.

Los pasajeros se sienten un daño colateral dentro de un conflicto ajeno, mientras que el sector turístico lo considera otro golpe a su imagen de marca. Un escándalo más que añadir a los casos de turismofobia o las peleas y demás actos impropios en la vía pública, como consecuencia del turismo de borrachera.

El propio Gobierno ha tenido que intervenir a través de la Guardia Civil, quien tomó el control de la situación en el aeropuerto. No obstante, a través de su portavoz en la AUGC, la propia benemérita mostró su «solidaridad” con los trabajadores en huelga. Entre otras razones, porque se sienten identificados en varias de sus peticiones.

Un pilar clave en nuestro día a día

Hablando del caso con una profesional del sector, acerca de todo el ruido mediático que está generando la huelga, ésta formuló una hipótesis más inquietante: “Y si todos dijéramos basta… Se paralizarían muchas más cosas de las que pensamos”.

Y no la falta razón. El sector de la seguridad privada es uno de los mayores generadores de empleo del país. Están mucho más presentes en nuestro día a día de lo que pensamos. Tan solo un dato para corroborarlo: En España hay más vigilantes que Guardias Civiles o Policías Nacionales.

¿Qué problemas sufre el sector de la seguridad privada?

Al margen del caso específico en El Prat, diferentes medios de comunicación se han hecho eco de las denuncias por parte de los profesionales del sector. Éstas parecen girar en torno a los salarios y horas de trabajo.

El convenio dicta que el salario medio esté sobre los 1.100 euros al mes, pagas extras prorrateadas incluidas. Asimismo, portar un arma supone un plus que no llega a los 180 euros.

Dada la responsabilidad y naturaleza del trabajo, el sueldo estipulado por convenio no resulta una bicoca precisamente. Pero el problema parece estar en la cantidad de profesionales que se ven forzados a ejercer su labor con salarios por debajo de esto.

Por ejemplo, el consejero delegado de Ilunion Facility Services, Alejandro Fernández, manifestaba en El País que “alrededor del 70% de los contratos con la Administración están en manos de empresas que no se adhieren al convenio del sector”.

La cuenta parece sencilla. Si la mayor parte del presupuesto lo ocupa la mano de obra, una reducción del 20, 30 o 40% para lograr ganar el concurso público, por fuerza tiene que repercutir en los trabajadores.

Al margen de los concursos públicos, la pérdida de poder adquisitivo en empresas y particulares, también ha obligado a presentar presupuestos más ajustados en esta guerra de precios a la baja.

Y así llegaríamos a los emolumentos de 700 euros que denuncian los profesionales de la seguridad privada.

Teniendo en cuenta el coste de la vida en España, estos salarios obligan a meter muchas más horas extra para alcanzar un sueldo adecuado. Una situación tan injusta, como perjudicial para la salud, dada la naturaleza del trabajo a desempeñar.

Empresas piratas

Un lamento muy extendido es la presencia de ‘empresas piratas’. Dícese de las compañías que logran hacerse con servicios públicos y privados pujando con ofertas muy a la baja. Consecuentemente, la rebaja en el presupuesto repercute en sus trabajadores.

Al parecer, estas empresas han encontrado un filón en el contexto de crisis. La última reforma laboral y la prioridad de la Administración pública por conseguir el precio más bajo posible en las adjudicaciones, han propiciado su existencia.

Por esa razón, Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical de CCOO de Construcción y Servicios, proponía en el diario El Mundo que “los sistemas de licitación cambien para incluir cláusulas sociales que aseguren unos mínimos, como el respeto al convenio sectorial”.

 
Fuente: MITUIN
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